El felino crítico

El termino de “firmas digitales judiciales” no es muy común en el argot jurídico por estos días, pero que con el tiempo será parte del quehacer judicial, puesto que en la tendencia traída a Colombia, en una ola globalizadora del derecho, nos advierte que tendremos que hacer uso de lo que se conoce como las TiC´s, es decir las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.

El ámbito judicial actualmente pasa por una grave crisis, en gran parte por la congestión que se vive en los despachos, la cual se ha venido tratando por medio de leyes que si bien hoy solo constituyen una ficción jurídica, es necesario poder contar con estas y solo por mencionar refiero algunas como las Leyes 270 de 1996, 527 de 1999, y finalmente la ley 794 de 2003, en las cuales constan artículos donde se establecen las intenciones de crear ciertos tramites por medios informáticos.

Aunque en realidad el hecho de que no exista aun una cultura tecnojurídica, que permita hacer un uso adecuado de los medios con que se dotan los despachos, por parte de los operadores jurídicos; las verdaderas implicaciones van detrás de la necesidad de implementarlos en el diario vivir de los abogados en general.

Las razones de fondo van desde el ahorro del tiempo y dinero hasta el impacto ambiental que el uso del papel representa, pues es claro que la tendencia de la desmaterialización documental permite una protección del medio ambiente, también significa mucho para el desarrollo eficiente de la labor judicial, y aunque usted señor lector se estará preguntando ¿de que estamos hablando?, lo quiero trasladar a la labor de los abogados, y la situación en la que se encuentran.

Muchos de los que hoy ejercen el derecho, lo han venido practicando por medio de la presentación de escritos en papel, como la gran tradición Europeo-Continental desde la llegada del derecho moderno nos lo ha transmitido a nuestras instituciones, dicha presentación de escritos que se encuentran represados en los anaqueles de los juzgados hoy por hoy, representan una seria inversión económica y ambiental, sin querer profundizar en los problema de contaminación que de esto se derivan; esta inversión podría ser remplazada por los tramites desmaterializados de documentos electrónicos, para lo cual la ley 794 de 2003, creo las entidades certificadoras de firmas electrónicas judiciales, lo cual estimaría un ahorro significativo de tiempo y dinero, pues en la presentación de escritos, tales como notas de presentación, actos de comunicación procesal, autos e incluso sentencias por vía Internet, resolvería las incomodidades del desplazamiento y la inversión que en las impresiones de estos documentos se incurre por cuestiones del oficio.

¿Pero realmente el Estado Colombiano esta económicamente posibilitado para crear las nuevas plazas que se requieren?, esto con el fin de llevar a cabo el cumplimiento de esta ley que hasta el día de hoy no es mas que una ficción legal; no podemos seguir permitiendo la emisión de normas que solo quedan en letra muerta y no se materializan; es necesaria la inversión en la justicia para que esta no desfallezca en  su intento por salvaguardar el principio de la seguridad jurídica que tanto necesitamos los colombianos.